02 de nov. 2010.-La Contraloría General de la República impuso la medida administrativa de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público, por un periodo de doce meses, a un grupo de funcionarios públicos, a quienes se les determinó fondos no justificados en su situación patrimonial en relación con sus posibilidades económicas, contraviniendo así el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Contra la Corrupción.
“La medida preventiva de inhabilitación impuesta se deriva del proceso de verificación patrimonial realizado por este órgano contralor, que arrojó como resultado la no veracidad de las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por estos funcionarios y, en consecuencia, no se admite la situación patrimonial declarada”, indica un boletín de prensa de la Contraloría.
Entre las personas que recibieron la medida de inhabilitación por parte de la CGR se encuentran los ciudadanos Ireiva del Rosario Beyloune de Jáuregui y Rubén Manuel Jáuregui Torres, ambos funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). La primera en su carácter de profesional administrativo, adscrita a la Gerencia Regional de Tributos Internos, en la División de Fiscalización de Contribuyentes Especiales; y el segundo como gerente de la Aduana Principal de Puerto Cabello.
La Contraloría General determinó, en la auditoría patrimonial practicada, la omisión de bienes o activos en la situación patrimonial declarada de la comunidad conyugal, así como información del origen económico de fondos administrados no justificados por un monto de BsF. 1.872.453,00.
Igualmente, la CGR impuso la medida preventiva de inhabilitación a Oswal Enrique Jaimes Izarra, como director de Secretaría, coordinador de Atención al Campesino y asesor en el Instituto Nacional de Tierras, debido a que se determinó la omisión de datos acerca del origen económico de fondos administrados no justificados por un monto de BsF. 426.860,03, los cuales se encuentran desproporcionados en relación con los ingresos legítimos percibidos durante el período 01/01/2007 y 31/10/2008.
En cuanto al ciudadano Julio César Márquez Pacheco, en su carácter de Sub-Síndico en la Sindicatura Municipal Francisco de Linares Alcántara del estado Aragua, el monto de los fondos administrados no justificados asciende a BsF. 1.276.275,00, los cuales son desproporcionados en relación con los ingresos percibidos entre el 01/06/2005 y el 30/06/2007.
En el caso de Édgar José Miranda Cabaña, como alcalde del municipio San Rafael de Onoto del estado Portuguesa, en la auditoría patrimonial practicada, la CGR verificó la omisión de información sobre el origen económico de fondos administrados no justificados por un monto de BsF. 525.199,00, los cuales se encuentran desproporcionados con los ingresos legítimos percibidos durante el período 01/01/2007 y 31/10/2008.
Con respecto al ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, en su condición de diputado de la Asamblea Nacional, se determinó que acusó activos financieros no justificados por la cifra de BsF. 490.900,62 y omisión de bienes en su situación patrimonial.
La misma situación se presentó con las declaraciones juradas de patrimonio del ciudadano José Ramón Pérez Rojas y su cónyuge Lenys María Pascastillo de Pérez, el primero en su carácter de presidente del Instituto de Seguridad Ciudadana y Transporte del Municipio Libertador de Caracas (Insetra) y director general de la Alcaldía de Caracas; y la segunda como directora general de la Fundación de Acción Social del Municipio Libertador y gerente de Recaudación de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT), adscrita a la Alcaldía de Caracas.
La CGR determinó en la auditoría patrimonial practicada, la omisión y distorsión de bienes o activos en la situación patrimonial declarada de la comunidad conyugal, así como de información sobre el origen económico de fondos administrados no justificados por un monto de BsF. 112.475,45, percibidos durante el período 01/01/2002 y 31/12/2003.
Las decisiones anteriormente expuestas fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.541, de fecha 29 de octubre de 2010 y los informes de las auditorías patrimoniales fueron remitidos al Ministerio Público.
“La Contraloría General de la República no descansa en la lucha contra la corrupción y seguirá haciendo su trabajo con mística y determinación, sin ceder a chantajes ni amenazas. Los trabajos realizados por la Contraloría no son improvisados, pues cuenta con un equipo técnico y profesional con muchos años de experiencia colectiva, y en ellos se apoyan las decisiones y las actuaciones de esta Institución”, indicó una nota de prensa del referido órgano..
AVN
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