Fotografía de archivo tomada en el año 2002 que muestra al cardenal Desmond Connell mientras oficia una misa en una iglesia de Dublín (Irlanda). Foto EFE.
Con la publicación, este jueves, de un nuevo informe sobre abusos sexuales contra menores a manos de sacerdotes católicos en la archidiócesis de Dublín, Irlanda vuelve a recordar una lista de casos que ha erosionado la credibilidad de una institución todavía poderosa en la isla.
Aunque los abusos físicos y psíquicos de niños en parroquias e instituciones educativas públicas gestionadas por la Iglesia han sido sistemáticos desde la creación del Estado Libre irlandés (1922), uno de los primeros casos que alcanzó notoriedad fue el del padre norirlandés Brendan Smyth, quien ejerció en Belfast, Dublín y EEUU.
El sacerdote fue arrestado en 1994 en la República de Irlanda y encarcelado después por abusar sexualmente de 20 menores, niños y niñas, durante un periodo de más de 40 años.
Su detención golpeó no sólo a la Iglesia Católica y a la sociedad, incrédula aún respecto a este tipo de casos, sino también al Gobierno de la época, que abandonó el poder por su chapucero manejo del proceso de extradición a Irlanda del Norte de Smyth, quien falleció en prisión en 1997 a los 70 años de edad.
Ocho años después, la pequeña diócesis de Ferns, al sureste de Irlanda, acaparó la atención nacional e internacional cuando un informe reveló la existencia de más de cien casos de abusos sexuales cometidos entre 1962 y 2002 por sacerdotes, algunos de los cuales trabajan o trabajaron en algún momento en la de Dublín.
Tres clérigos resultaron especialmente malparados, Sean Fortune -responsable de 26 agresiones-, Donal Collins -director de escuela- y Martin Clancy, quien violó y dejó embarazada a una niña de 14 años.
Aquella investigación también denunció la pasividad de varios obispos de la diócesis a la hora de proteger a los menores y la actuación de la Policía, acusaciones que se han repetido en posteriores investigaciones.
En este sentido, el obispo de la diócesis de Cloyne, en el condado sureño de Cork, John Magee, se vio obligado a abandonar su cargo el pasado marzo por violar las reglas establecidas por la Iglesia para abordar este tipo de asuntos retrasando, por ejemplo, el comienzo de las pesquisas sobre supuestos abusos.
No obstante, el caso que más conmoción ha causado hasta la fecha es el recogido en el llamado “Informe Ryan”, divulgado el pasado mayo por la Comisión Investigadora sobre Abusos a Menores.
El texto es un catálogo de “sistemáticos” abusos sexuales, físicos y psíquicos cometidos por sacerdotes, monjas y personal seglar durante más de 60 años contra miles de menores en instituciones estatales gestionadas por la Iglesia.
La Comisión, presidida por el juez Sean Ryan, insistió entonces en que los maltratos se prolongaron durante años gracias a la cobertura y pasividad de las altas instancias gubernamentales y religiosas, cuyo único curso de acción, cada vez que se producían denuncias, consistía en mover de parroquia en parroquia a los curas pederastas.
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